Cómo pueden los gobiernos locales y nacionales
apoyar a la economía urbana informal
Más del 50% de la fuerza de trabajo en las ciudades en la mayor parte de los países en vías de desarrollo es informal en rangos que van desde el 80% en el sur de Asia a más del 51% en América Latina[1]. Con su trabajo, las trabajadoras y los trabajadores en empleo informal realizan importantes contribuciones económicas, sociales y ambientales para sus ciudades y países.
A pesar de todas sus contribuciones, las vidas y el sustento de los trabajadores en empleo informal continúan siendo vulnerables por muchas razones. En las mentes de los formuladores de políticas públicas municipales y del público en general prevalecen muchos mitos sobre la economía informal, entre ellos la noción que equipara a la economía informal con actividades ilegales. Estas ideas erróneas han influido los marcos legales existentes y las políticas públicas a nivel local en detrimento de los medios de vida de quienes trabajan en empleo informal. También han permeado las visiones de los diseñadores y formuladores de políticas públicas urbanos al definir el futuro de las ciudades.
Las visiones sobre el desarrollo urbano necesitan ser revisadas para abordar las desigualdades. Según las Naciones Unidas, la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que esta tendencia continúe, particularmente en los países en vías de desarrollo[2]. Las ciudades se han convertido en importantes centros económicos en el mundo, concentrando la producción económica, y, de manera creciente, el poder político. Esta tendencia, combinada con la transferencia de responsabilidades de los gobiernos nacionales a los gobiernos locales en las últimas décadas, ha creado una creciente competencia global entre las ciudades por inversiones y recursos.
Y conforme las ciudades crecen económicamente, los niveles de desigualdad dentro de ellas están aumentando creando importantes desafíos sociales, económicos y de gobierno para las autoridades locales. En el proceso de Hábitat III, el acuerdo e implementación de la Nueva Agenda Urbana brindan una oportunidad para abordar estos desafíos y crear una visión nueva e inclusiva del desarrollo de la ciudad; una, donde los medios de sustento formales e informales sean promovidos, las distancias económicas y sociales puedan ser reducidas y los derechos políticos puedan ser ejercidos.
WIEGO se ha comprometido a garantizar que los trabajadores urbanos en empleo informal puedan ser escuchados en el proceso de Hábitat III con la esperanza y expectativa de que la Nueva Agenda Urbana los incluya como partes interesada trabajando con los gobiernos locales y nacionales en la implementación de la Agenda durante las próximas dos décadas. Como una de las contribuciones en este proceso, la red de WIEGO ha lanzado una Plataforma de organizaciones con base de miembros (OBM), titulada Implementando la Nueva Agenda Urbana, para permita guiar a los gobiernos locales y nacionales que busquen implementar la Agenda de manera inclusiva y participativa.
NIVEL LOCAL:
¿Qué necesitan los trabajadores urbanos en empleo informal de los gobiernos locales?
- Reconocimiento de los trabajadores en empleo informal como partes interesadas legítimas con el derecho a participar en los procesos de planificación urbana.
- Creación de marcos legales nuevos o ampliados para proteger los derechos y beneficios, en tanto trabajadores, de los trabajadores en situación de pobreza, incluyendo el derecho al trabajo (p. ej. a vender en espacios públicos), derechos comerciales y derecho al uso y tenencia de la tierra.
- El entorno de políticas económicas debe apoyar a los operadores en empleo informal, especialmente a los trabajadores en situación de pobreza, en lugar de ignorarlos o estar sesgado en su contra. Esto requiere abordar los sesgos en las políticas económicas y sectoriales existentes, así como el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a ellos.
- Creación de demanda para los bienes y servicios producidos por las empresas en la economía informal, y los trabajadores que laboran en ella, a través de las adquisiciones de los gobiernos locales.
- Asignación justa de los espacios urbanos y otros recursos para apoyar los medios de sustento de quienes viven en situación de pobreza.
- Aumento de oportunidades económicas –para reducir la criminalidad y la violencia–.
- Mayor acceso a los servicios urbanos básicos: vivienda, agua, saneamiento y electricidad, así como mejores servicios de transporte, más accesibles, adecuados y asequibles que les permitan transportar sus bienes a los mercados.
- Diseño de planes de desarrollo de competencias y otros apoyos financieros y empresariales para los trabajadores en empleo informal para que puedan aumentar su potencial de ingresos.
- Diseño de proyectos de vivienda urbana teniendo en cuenta que estos espacios son utilizados para vivir y trabajar. También deberían ser desarrollados para ofrecer a los trabajadores en empleo informal acceso a oportunidades económicas sin tener la necesidad de viajar largas distancias.
- Provisión de servicios/centros de atención médica adecuada y asequible, accesible a los trabajadores en la economía informal y con horarios convenientes
- Facilitación de servicios de cuidado infantil para evitar el trabajo infantil. La cuestión del cuidado infantil debe ser una prioridad dada la sobrerrepresentación de las mujeres en la economía informal.
- Elaboración de normas adecuadas y dar acceso a infraestructura apropiada que garantice la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en empleo informal.
- Designación de espacios de diálogo y foros tripartitos a nivel municipal en los que las trabajadoras y trabajadores en empleo informal puedan participar directamente. Los trabajadores en empleo informal deben poder regular directamente sus condiciones de trabajo a través de procesos de negociación colectiva que involucren a representantes de sus organizaciones, democráticamente elegidos (en vez de representantes de otros sindicatos que hablen en su nombre).
- Creación de foros de negociación apropiados a nivel local, que estén consagrados por ley, y que cuenten con suficiente presupuesto para que funcionen eficazmente. Ello requiere diseñar normas de participación, establecer los criterios para determinar los temas a negociar y prever cómo encajarán estos nuevos foros en los marcos regulatorios y de formulación de políticas públicas más amplios de manera que se conviertan en una parte significativa de la toma de decisiones participativa.
- Evitar los efectos contraproducentes de parte de los gobiernos nacionales y locales al eliminar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) u otras medidas que creen mayor informalización.
- Diseño de políticas municipales que garanticen que la juventud pueda integrarse completamente en los mercados laborales con protección para evitar que se conviertan en otro sector vulnerable de la fuerza laboral.
- Apoyo y financiación para la creación, registro y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores en empleo informal, como asociaciones, cooperativas y sindicatos de trabajadores.
Para hacer constar nuestra preocupación por el potencial ocultamiento de la desigualdad de sexos que se presenta a nivel discursivo, y de realizar textos cuyos contenidos sean accesibles para todas nuestras audiencias, en nuestras publicaciones haremos un desdoblamiento de los sustantivos al principio para denotar que nos referimos tanto a hombres como mujeres, y a partir de entonces, de no existir alternativas, seguiremos las reglas gramaticales del español y recurriremos al uso de genéricos masculinos en el plural.
[1] Vanek, Joann , Martha Alter Chen, Françoise Carré, James Heintz y Ralf Hussmanns. 2014. Statistics on the Informal Economy: Definitions, Regional Estimates & Challenges. Documento de trabajo 2. Manchester: WIEGO. p. 1
[2] U.N. 2016. Sustainable Development Goals. Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. Available at:http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
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