Cómo llegar al “sector intermedio olvidado”: Protección social para trabajadorxs en empleo informal durante la pandemia de COVID-19

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La pandemia de COVID-19 representa un gran desafío para los gobiernos de todo el mundo, no solo como emergencia sanitaria, sino también como una profunda crisis económica que afecta tanto a la oferta como a la demanda. Millones de trabajadorxs han visto el impacto sobre sus medios de subsistencia y seguridad. Dado que la situación de lxs trabajadorxs en empleo formal se ve atenuada, hasta cierto punto, por la protección que reciben a través de sus relaciones laborales formalizadas, y que lxs más afectadxs por la pobreza pueden aferrarse al salvavidas preexistente de la asistencia social gubernamental, fue el “sector intermedio olvidado” (que suele quedar excluido de todos los programas de protección) al cual los gobiernos tuvieron que esforzarse para alcanzar. Una gran parte de este sector son lxs trabajadorxs de la economía informal. Por consiguiente, la crisis ha resaltado sus necesidades, haciéndoles ganar una visibilidad que nunca antes habían tenido.

WIEGO ha hecho un seguimiento de las respuestas de los gobiernos a la pandemia y, hasta la fecha, ha documentado 63 respuestas de países, 21 respuestas subnacionales y 22 respuestas de organizaciones de trabajadorxs. La intervención gubernamental más común de todas ha sido la implementación de programas de subsidios en efectivo de emergencia. No menos de 51 de los 63 países monitoreados (es decir, el 80% del total) han implementado algún tipo de política para proteger los ingresos y los medios de subsistencia de lxs trabajadorxs. Por lo tanto, nos pareció lógico comenzar una serie de informes sobre las respuestas de protección social centrados en este tema.

En nuestro primer informe, analizamos los subsidios gubernamentales y las transferencias de dinero en efectivo a lxs trabajadorxs en empleo informal. A medida que avanzaba nuestra investigación, surgieron dos conclusiones importantes. La primera fue que los gobiernos que ya tenían sistemas implementados para la entrega de dichos subsidios, como Brasil y Cabo Verde, pudieron responder de manera más eficaz y más rápida. En lo que respecta a este tipo de medidas, la respuesta rápida es crucial: cada día que pasa marca una diferencia. Tanto en Brasil como en Cabo Verde, las grandes bases de datos de trabajadorxs en empleo informal que se encuentran registradxs en el sistema social fueron esenciales para poder actuar con rapidez. El programa de subsidios en efectivo de emergencia de Brasil representó una iniciativa sin precedentes de esa escala, con el objetivo de llegar a 60 millones de personas, mucho más que los 13 millones de hogares beneficiarios de Bolsa Familia. Esto nos lleva a la segunda conclusión: que los gobiernos pueden brindar apoyo a gran escala cuando así se lo proponen.

Dado que muchxs trabajadorxs en empleo informal permanecen fuera del sistema bancario formal, la entrega de las transferencias y los subsidios en efectivo planteó otro problema importante: encontrar alternativas para llegar a lxs trabajadorxs en empleo informal, tema que abordamos en nuestro segundo informe sobre respuestas ante COVID.

Brindar apoyo a través de los canales creados por una relación preexistente entre la industria y lxs trabajadorxs ofrece una alternativa viable y brinda un complemento importante a la asistencia estatal. La magnitud y la burocracia de los sistemas gubernamentales pueden ralentizar las cosas, mientras que la industria tiene más flexibilidad y puede llegar con mayor facilidad a lxs trabajadorxs en empleo informal. Esto implica que puede responder mucho más rápido y brindar soluciones para quienes se encuentran al margen de la sociedad y de la economía.

Recurrimos nuevamente aquí al ejemplo de Brasil, donde la asociación del sector industrial de higiene personal, perfumería y cosméticos (ABIHPEC) inició un subsidio de emergencia para apoyar a lxs recicladorxs durante el periodo de aislamiento obligatorio. Esto se construyó sobre la base de una relación de 15 años entre dichxs trabajadorxs y la industria, vinculada a un marco legal: la política gubernamental de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que es parte de la Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil. Este caso muestra un ejemplo de cómo construir la solidaridad y la redistribución de los recursos económicos en los sistemas de protección social.

Uno de los principales instrumentos que utilizaron los gobiernos para llegar a lxs trabajadorxs en empleo informal y poder brindarles beneficios fueron las transferencias digitales, el tema de nuestro quinto informe. Las limitaciones planteadas por la pandemia alentaron a los gobiernos a utilizar herramientas que existían pero que no se habían utilizado mucho. Mediante una variedad de enfoques tecnológicos, los gobiernos han logrado brindar beneficios a millones de trabajadorxs en cuestión de meses. Países como Namibia, Colombia, Guatemala y Tailandia utilizaron tecnología de telefonía móvil en los procesos de solicitud, inscripción y verificación de subsidios. Asimismo, Namibia utilizó la telefonía móvil para entregar los subsidios de emergencia mediante cupones electrónicos, sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Sin embargo, la tecnología digital también puede crear fácilmente nuevos tipos de barreras y exclusiones, ya que no todos tienen los recursos para acceder a ella o los conocimientos para utilizarla de manera eficaz.

En concreto, la experiencia de los países ha demostrado que no existe una fórmula mágica como solución para llegar a lxs trabajadorxs en empleo informal, sino que lo que mejor funciona es cuando los países adoptan una combinación de estrategias para garantizar el máximo alcance. La tecnología digital puede jugar un rol importante en esta combinación, pero es esencial que dicha tecnología se integre y funcione bien con los sistemas existentes. En Bangladesh, por ejemplo, los esfuerzos para vincular la entrega de los subsidios con los números de teléfonos móviles dificultaron la eficacia del programa, porque las bases de datos telefónicos no estaban actualizadas. En el caso del Ingreso Solidario de Colombia, muchxs trabajadorxs en empleo informal tuvieron dificultades para acceder al pago debido a la falta de acceso a Internet y a dispositivos móviles, y a los desafíos relacionados con los conocimientos tecnológicos.

Muchas de estas carencias podrían abordarse mediante el uso de mejores canales de gobernanza con lxs trabajadorxs en empleo informal, de modo que lxs formuladorxs de políticas comprendan sus necesidades específicas. Nuestro tercer informe se concentra en los espacios de diálogo entre el estado y lxs trabajadorxs en empleo informal que se crearon o se mejoraron en respuesta a la pandemia.

Si bien estos espacios institucionales son importantes, no fueron la única forma en que lxs trabajadorxs en empleo informal se movilizaron para elevar sus voces y satisfacer sus demandas. Muchas de las organizaciones de estxs trabajadorxs lanzaron sus plataformas de demandas, que a menudo eran “multidimensionales” ya que expresaban la necesidad de intervenciones políticas en muchos aspectos de sus vidas que se vieron afectados por la pandemia, más allá de sus ingresos laborales. Esta realidad motivó el cuarto informe de la serie. Analizamos países como Argentina, Burkina Faso e Indonesia, que han realizado múltiples intervenciones, no solo para brindar una fuente de ingresos (es decir, subsidios en efectivo de emergencia) sino que también implementaron políticas relacionadas con necesidades como la seguridad alimentaria y la cobertura médica.

El análisis de las respuestas de protección social a la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto dos lecciones clave: la primera es la necesidad de tener un enfoque lo suficientemente flexible como para reconocer las múltiples necesidades y dimensiones de la vida de lxs trabajadorxs en empleo informal. La segunda es la importancia de tener sistemas, instituciones y espacios de diálogo social que sean lo suficientemente sólidos, no solo para apoyar a lxs beneficiarixs actuales, sino también para poder enfrentar el desafío y tomar medidas ante este tipo de crisis imprevistas.

Foto principal: Julian Luckham (Oficina de COMARP en Belo Horizonte, Brasil).