El reconocimiento del papel esencial de la población recicladora en el servicio público de aseo fue el objetivo estratégico que la Asociación Nacional de Recicladores (ANR) se planteó en la década de 1990. Eso le permitiría a la población recicladora defender su derecho a mantenerse en el oficio, tener acceso cierto a los materiales, y crecer en la cadena de valor del reciclaje. En un seminario virtual de la serie La voz de las trabajadoras y trabajadores, Nohra Padilla, líder de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) y de la ANR, comparte con otros trabajadores los momentos clave de la lucha en la que ganaron el reconocimiento como prestadores del servicio público de reciclaje. En esa conversación con Federico Parra, coordinador de recicladores para América Latina de WIEGO, Nohra habla también sobre los procesos de incidencia que realizaron para preservar su papel como prestadores de servicios públicos y los desafíos que la pandemia de COVID-19 representa para la población recicladora en Colombia.
El reconocimiento como prestadores de servicios públicos
A lo largo de una lucha de más de 3 décadas, la población recicladora, bajo el liderazgo de la ARB, logró algo inaudito. El establecimiento de alianzas, las movilizaciones y el recurso a la vía judicial (a través de recursos de amparo y demandas por desacato)en múltiples ocasiones tuvo como resultado que la Corte Constitucional ratificara el papel ambiental de la población recicladora, su función como prestadora de servicios públicos, y la necesidad de proveer a la población recicladora de protección especial del Estado. En el Auto 275 de 2011 también se estipula el reconocimiento y remuneración de la población recicladora como prestadora de servicios públicos de reciclaje –un nuevo componente dentro del manejo de residuos, el cual funcionaría de manera paralela al componente de recolección de basuras domiciliares–.
“Nosotros no estábamos pidiendo que nos remuneraran. Sin embargo, la Corte en su interpretación de lo que debe ser un amparo de los derechos, creyó que tenía que ir más allá”. —Nohra Padilla.
Para asegurar su cumplimiento, la Corte Constitucional le ordenó al gobierno nacional que regulara la operación y el pago de este servicio a nivel nacional, abriendo, así, la posibilidad de que organizaciones de población recicladora en todo el país, y no sólo las de Bogotá, pudieran ser reconocidas como prestadoras del servicio de reciclaje. Pero, no fue hasta 2016, a instancias de la Corte Constitucional, que el gobierno emitió el Decreto Nacional 596, en el que el funcionamiento del servicio de reciclaje fue institucionalizado.
El pago por el reciclaje se basa en términos de la cantidad de materiales reciclables recolectados, transportados, y efectivamente comercializados (mediante factura) para ser reutilizados, y fue equiparado al pago por el servicio de basuras domiciliares, desde la recolección hasta su entierro en relleno sanitario.
A pesar de las limitaciones del decreto y en el cálculo del pago, el reconocimiento como prestadoras de servicios públicos ha sido un enorme logro de las organizaciones de población recicladora. Un logro que, no obstante, sigue enfrentando amenazas de múltiples fuentes, siendo la pandemia de COVID-19 la más reciente de ellas.
La designación como trabajadores y trabajadoras esenciales durante la pandemia
Los días que siguieron la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Colombia fueron de gran incertidumbre para las organizaciones de población recicladora que venían prestando el servicio público de reciclaje en el país desde 2016. El gobierno estaba definiendo las medidas para evitar la propagación de la enfermedad y los servicios esenciales que le permitirían a la gente quedarse en casa. De no incluirse el servicio de reciclaje entre ellos, las organizaciones de recicladores corrían el riesgo de ser desplazadas por las compañías de aseo, y de perder, así, el reconocimiento y el pago por la prestación de servicios por los que tanto habían luchado.
El primer objetivo era claro: la designación del reciclaje como servicio esencial y la acreditación de las organizaciones de población recicladora para proveerlo en el contexto de la pandemia. Tras una fuerte labor de incidencia de parte de la ANR y aliados ante instancias del gobierno nacional y la Alianza Nacional para el Reciclaje –un foro que congrega a las partes interesadas en el reciclaje–, se logró dicha designación para las organizaciones de población recicladora (Decreto Nacional 457 de 2020). Pero ese era sólo el principio.
Las organizaciones de población recicladora han tenido que sortear otros desafíos para seguir operando. Además de guantes y mascarillas, los recicladores y recicladoras deben utilizar uniformes antifluidos para reducir el riesgo de contagio. Nuevos y estrictos protocolos y medidas de salud y seguridad incluyen: esquemas de desinfección para sus bodegas; el uso de cabinas de aspersión con soluciones de alcohol y ruda (una planta también conocida por su nombre científico, Ruta graveolen); y el establecimiento de cronogramas para que los materiales recolectados estén aislados 14 días. La ANR está ayudando ahora a otras organizaciones de población recicladora a desarrollar sus protocolos y esquemas de seguimiento en todos sus procesos.
Los desajustes en la cadena del reciclaje a raíz de las medidas de contención también constituyen un reto para las organizaciones. Por ello, que la ANR ha hecho incidencia para que algunos de esos actores también sean designados como esenciales, por ejemplo, los productores de empaques de medicinas.
A pesar de seguir trabajando, los ingresos de las organizaciones de población recicladora se han visto afectados. La cantidad de dinero que reciben por sus servicios –proveniente de la tarifa del servicio de aseo– es menor y las ventas de los materiales han disminuido. Y la crisis aún está lejos de haber terminado.
“El siguiente periodo de la crisis será más fuerte.” —Nohra Padilla.
Las organizaciones se están preparando para un nuevo confinamiento, y lo que esto conlleve en términos de limitaciones a la circulación de personas, de afectaciones al consumo y requisitos operativos adicionales. La situación será aún más complicada para quienes no cumplen con los requisitos para prestar servicios (organizaciones más incipientes y aquellas personas dedicadas a la labor del reciclaje de oficio sin estar organizadas).
Las organizaciones son conscientes de la necesidad de continuar el fortalecimiento de sus organizaciones y procesos productivos para seguir prestando el servicio y poder, así, mantener sus medios de sustento sin comprometer su salud. Para garantizar el bienestar de la población recicladora, es crucial que la sociedad aprenda a separar adecuadamente sus residuos para evitar mayores riesgos. Es urgente también que las autoridades municipales asuman su responsabilidad en la promoción y acompañamiento de procesos organizativos de la población recicladora y que implementen acciones afirmativas, como lo ordenó la Corte Constitucional, para que se consoliden en la prestación del servicio público del reciclaje.
Créditos de la foto principal: ARB