“Aplanar la curva” se ha convertido en el mantra de la pandemia del COVID-19, pero los pedidos de autoaislamiento y de distanciamiento social han profundizado drásticamente las desigualdades en nuestra sociedad, incluso entre la clase trabajadora.
El distanciamiento social y el autoaislamiento son posibilidades reales para las personas empleadas de clase media que se encuentran bajo el amparo de la seguridad social, pero no sucede lo mismo para las personas trabajadoras en la economía informal. Estas últimas caen en saco roto: quedan excluidas tanto de las protecciones que brinda el trabajo formal como de los programas estatales de asistencia social, destinados a quienes viven en la extrema pobreza o están fuera del mercado laboral.
“Me da miedo el coronavirus", dijo un trabajador de la economía informal en México, “pero me da más miedo morirme de hambre si no trabajo”.
Es probable que esta cruda realidad sea incluso más pronunciada para las mujeres trabajadoras de la economía informal, quienes tendrán que lidiar con una mayor carga de cuidados mientras intentan llevar comida a la mesa.
Subsidios en efectivo: una de las medidas urgentes
En esta situación, las medidas de protección social resultan fundamentales, como por ejemplo los subsidios en efectivo para la sustitución de ingresos. Esto otorgaría una mayor libertad financiera a las personas trabajadoras en la economía informal, permitiéndoles respetar el distanciamiento social tanto como sea posible. Cuanto más estrictas se vuelvan las restricciones de salud pública sobre la circulación en el espacio público y el contacto con otras personas, más necesarias serán estás medidas para mantener fuera de la pobreza a la gran fuerza laboral de la economía informal del mundo.
En muchos países, las organizaciones de personas trabajadoras en la economía informal están pidiendo la implementación de la sustitución de ingresos, junto con un paquete más amplio de medidas para respaldar a las trabajadoras y trabajadores vulnerables.
Sin embargo, las personas trabajadoras de la economía informal no serán las únicas beneficiarias de estas medidas. Permitir que las trabajadoras y trabajadores vulnerables mantengan el distanciamiento social aumentará las probabilidades de que se aplane la curva epidémica. Esto desacelerará la propagación del virus y permitirá que los sistemas de salud puedan enfrentarlo de mejor manera; es decir, el beneficio será generalizado.
En muchos países, las organizaciones de personas trabajadoras en la economía informal están pidiendo la implementación de la sustitución de ingresos, junto con un paquete más amplio de medidas para respaldar a las trabajadoras y trabajadores vulnerables.
En Sudáfrica, una coalición de 10 organizaciones de la economía informal ha pedido la implementación de un “Subsidio en efectivo para la subsistencia” se extienda a las personas trabajadoras de su sector.
HomeNet de Europa del Este ha reclamado un salario mínimo básico en el que se incluya a las personas trabajadoras a domicilio de la región.
El Street Vendor Project en la ciudad de Nueva York ha pedido la implementación de un ingreso básico universal de emergencia.
En India, la Campaña por el Derecho a la Alimentación le ha pedido al gobierno que distribuya urgentemente alimentos, jabón y dinero en efectivo entre las personas trabajadoras de la economía informal y aquellas en situación de pobreza.
La Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar ha pedido que se implemente una licencia paga por enfermedad y una indemnización adecuada en caso de despido.
La Alianza de Recicladores de la India ha exigido que “todas las personas recicladoras y recolectoras de residuos de la economía informal reciban un ingreso básico de emergencia de 10 000 INR por mes por hogar”.
Algunos gobiernos ya están empezando a responder. El gobierno canadiense ha anunciado un fondo de emergencia de 82 millones de USD para dar respuesta al COVID-19, que incluye apoyo financiero tanto para personas trabajadoras empleadas como para independientes, incluyendo beneficios adicionales por hijas o hijo para aquellas familias que luchan por equilibrar sus necesidades de cuidados y sus ingresos. En Perú, el gobierno ha brindado una asignación en efectivo de 110 USD para familias en situación de pobreza o extrema pobreza durante el período de 15 días de emergencia nacional. Sin embargo, a las personas recicladoras que trabajan en los municipios se las está incluyendo en estas medidas como grupo ocupacional vulnerable. En India, el gobierno del estado de Kerala ha anunciado un paquete de medidas que incluyen dinero en efectivo, asistencia médica y alimentos.
¿Qué consideraciones deben tener los gobiernos al implementar estas medidas de apoyo?
En primer lugar, si bien es importante concentrarse en las personas en situación de pobreza, cabe reconocer que quienes trabajan en la economía informal ganan apenas lo suficiente como para no entrar en esa categoría. Sin embargo, sin este apoyo, es muy probable que caigan en la pobreza, debido a las consecuencias económicas del COVID-19.
Para evitarlo, las medidas de protección social de los gobiernos deben ir más allá de quienes viven en la pobreza. En el mejor de los casos, estos beneficios deberían ser universales; o, al menos, destinados a grupos de personas trabajadoras que se sabe que son vulnerables. Todo esto es factible en términos financieros, incluso en las economías emergentes. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha sugerido que el excedente de aproximadamente 11 mil millones de dólares del Fondo de Seguro de Desempleo se podría utilizar para apoyar a las personas trabajadoras vulnerables.
Para evitarlo, las medidas de protección social de los gobiernos deben ir más allá de quienes viven en la pobreza. En el mejor de los casos, estos beneficios deberían ser universales; o, al menos, destinados a grupos de personas trabajadoras que se sabe que son vulnerables.
En segundo lugar, este momento de emergencia no se debería utilizar como justificación para una reducción de la seguridad social cubierta por las personas empleadoras. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Trump ha propuesto una reducción del impuesto sobre la nómina, que inmediatamente se traducirá en más dinero en los bolsillos de las personas trabajadoras, pero que también puede provocar la quiebra de los programas de Seguridad Social y Medicare. A largo plazo, esto sería desastroso para las personas trabajadoras de la economía formal e informal, ya que erosiona aún más las protecciones y hace que los países tengan una menor capacidad de enfrentar futuras crisis.
En tercer lugar, las medidas de protección social se deben entender como parte de un paquete de medidas, que incluya asistencia médica y de higiene, medidas para aliviar a las personas trabajadoras en la pobreza del pago de cuotas de préstamos, pago de alquileres y de servicios públicos y respaldo para la prestación de cuidados. Este apoyo relacionado con las tareas de cuidado será particularmente importante para las mujeres trabajadoras, sobre quienes recaerán las responsabilidades de cuidado con mayor exigencia que de costumbre, debido al cierre de escuelas y a familiares enfermas o enfermos.
No hay tiempo que perder
Es posible aplanar la curva, pero sólo mediante la plena cooperación del conjunto de la ciudadanía de los países afectados. Esa cooperación puede ocurrir incluso en los lugares más desafiantes, tal como lo demostró India ayer, cuando, de forma inédita, se le pidió a este país de 1 300 millones de personas que detuviese todas sus actividades. Sin embargo, detenerse implica que millones de trabajadoras y trabajadores, tanto en India como en todo el Norte y el Sur global, renuncien a sus medios de subsistencia. Los gobiernos deben salvaguardar a sus ciudadanas y ciudadanos más vulnerables, brindándoles seguridad de ingresos y licencia paga por enfermedad, así como también productos de primera necesidad, como alimentos y jabón para lavarse las manos. Y es necesario hacerlo ahora mismo; de lo contrario, las personas trabajadoras, desesperadas por alimentar a sus familias, volverán a salir a las calles para obtener sus medios de subsistencia y eso será un riesgo para todas y todos.
Foto principal: María Elena Díaz Espinoza, una recicladora de Lima, Perú, recolectando materiales reciclables por las calles del barrio de Los Olivos. Créditos: Juan Arredondo/Getty Images Reportage
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