La pandemia de COVID-19 ha puesto en el punto de mira a lxs recicladorxs y el papel crucial que desempeñan en la prestación de servicios de saneamiento y en el manejo de residuos sólidos. A través de su trabajo, lxs recicladorxs contribuyen significativamente a la salud y seguridad públicas, la sostenibilidad del medio ambiente y las economías locales, lo que les ha conferido la categoría de trabajadorxs esenciales en muchos lugares. Sin embargo, muchas de estas personas trabajadoras continúan experimentando hostigamiento por parte de las autoridades a medida que se enfrentan a las restricciones de acceso a materiales reciclables y sus medios de sustento se ven amenazados al competir con empresas de recolección de residuos.
Para lxs recicladorxs el hostigamiento forma parte de su vida cotidiana, incluso antes de la pandemia. A través de entrevistas en profundidad con estxs trabajadorxs, observar de cerca su trabajo y visitar una docena de vertederos en seis países de América Latina antes de la pandemia, las condiciones laborales documentadas son tan precarias que equivalen a violaciones de los derechos humanos. No obstante, la mayoría desconocen cuáles son esos derechos y cómo defenderlos. Los reportes resultantes sobre la situación de los derechos humanos de lxs recicladorxs en República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Argentina y Uruguay constituyen una evidencia tangible para poder visibilizar las condiciones laborales de lxs recicladorxs y promover la defensa de sus derechos. Desde WIEGO buscamos utilizar esta investigación, junto a una caja de herramientas que la complementa, para promover mejores condiciones laborales que se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos.
En cuanto a las condiciones laborales de lxs recicladorxs, las violaciones más comunes a sus derechos tienen que ver con la falta de medidas de seguridad: muchas personas que encuentran en los residuos su medio de sustento sufren cortes e infecciones al trabajar en los vertederos. En otros lugares se les niega el acceso tanto a los vertederos, como a los residuos, incluso mediante la prohibición de sus medios de transporte, siendo objeto de hostigamiento por parte de las autoridades locales. Además, este sector no suele ser tomado en cuenta para las licitaciones de recolección y reciclaje de residuos y se les niega el espacio para clasificar los materiales reciclables.
En la Ciudad de México, a lxs recicladorxs se les denomina "trabajadorxs voluntarixs” y se enfrentan al hostigamiento por parte del sindicato del servicio público de limpieza de la ciudad cada vez que intentan organizarse. En la ciudad de Rosario, Argentina, las autoridades restringieron el uso de carros de tracción animal como vehículos de recolección de residuos sin proveer ninguna alternativa viable para reemplazar dicho equipo de trabajo. En Colombia, a pesar de haber logrado el reconocimiento como proveedores de servicios de reciclaje, lxs recicladorxs en Bogotá afrontan obstáculos para acceder a los materiales reciclables desde 2019, cuando se instalaron contenedores de residuos sin una consulta o estudio adecuados. El diseño de estos contenedores limitó su acceso a los materiales reciclables y, debido a la falta de educación de la ciudadanía, es común que los contenedores se llenen de residuos mixtos.
En Uruguay, lxs recicladorxs se enfrentan a restricciones laborales en las zonas de la ciudad donde se producen los materiales reciclables de mayor valor. Dichas restricciones incluyen la instalación de contenedores "antivandálicos", cuyo diseño impide el acceso a los materiales reciclables. En República Dominicana, lxs recicladorxs son perseguidas sólo por hacer su trabajo. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, lxs recicladorxs han sido violentamente expulsadas de los vertederos, mientras que sus líderes y sus organizaciones han sido criminalizadas y perseguidas por las autoridades municipales. En toda América Central, muchos vertederos están bajo el control de las mafias y, en ausencia de toda participación del Estado, es común que lxs trabajadorxs de esos vertederos sean objeto de abuso y explotación por parte de grupos delictivos.
En varios países de América del Sur y Central, lxs recicladorxs no han podido formar organizaciones sólidas, mientras están expuestas a violaciones sistemáticas de sus derechos. En algunos países como Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Chile, lxs recicladorxs han podido formar movimientos nacionales que han logrado abordar parcialmente estas violaciones de sus derechos.
Para los seis países en los que se enfoca este proyecto de derechos humanos, se ha elaborado una caja de herramientas que incluye: un juego de memoria, un juego de Serpientes y Escaleras, un cómic acompañado de un video, un póster y una guía, a través de los cuales lxs recicladorxs conocerán sus derechos y cómo defenderlos.
Si bien ha habido avances en términos de reconocimiento en algunos de los países incluidos en el reporte de WIEGO, lxs recicladorxs y sus organizaciones en América Latina se enfrentan a un gran desafío, que incluye la falta de garantías para llevar a cabo su trabajo, la persecución por parte del gobierno, la discriminación por parte de la sociedad y, finalmente, la presión de las empresas de recolección de residuos o de las iniciativas privadas de reciclaje que podrían quitarles el acceso a sus medio de sustento, los materiales reciclables.
Las entrevistas iniciales realizadas por WIEGO y colaboradoras locales a recicladorxs acerca de sus condiciones laborales y el reporte basado en esas observaciones se incluyeron en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto abre una gran oportunidad de incidencia para avanzar en la defensa de los derechos humanos de este sector.
La capacitación ayudará a las organizaciones a fortalecerse y a documentar las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan, lo que permitirá realizar más investigaciones que podrán utilizarse para promover mejores condiciones laborales para lxs recicladorxs. Esto es un paso importante para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas trabajadoras esenciales, que ayudan a garantizar la salud y la seguridad públicas y para todas aquellas personas que dependen del reciclaje para alimentar a sus familias.
Varias experiencias han demostrado que lxs recicladorxs y sus organizaciones pueden ser integradas, reconocidas y remuneradas de manera sostenible por el servicio público de gestión de residuos, lo que a su vez aporta beneficios ambientales y económicos a la sociedad en su conjunto. Pero esto no puede lograrse sin el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras que encuentran en los residuos su medio de sustento.