El Gobierno de Argentina debe responder a la CIDH por las denuncias relacionadas a retrocesos en derechos sociales. Estas fueron expresadas en Audiencia Pública, solicitada por WIEGO, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
15 de noviembre, 2024 - En una audiencia realizada en Washington, D.C., el 14 de noviembre de 2024, a solicitud de WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando - WIEGO, por su sigla en inglés), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las organizaciones denunciaron la grave situación de retrocesos en derechos sociales - que afecta a millones de personas en Argentina, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de ese país en diciembre de 2023. Esta audiencia representa la primera de un total de 3 sesiones ante la CIDH, donde el Gobierno argentino debería responder a denuncias de violaciones a los derechos humanos de su población.
Organizaciones sociales reportan crecimiento en la pobreza y la indigencia
Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, expuso con datos concretos las consecuencias de las decisiones gubernamentales desde diciembre de 2023, incluyendo la devaluación del salario social complementario y la suspensión de políticas alimentarias comunitarias.
“El gobierno desacopló el salario social complementario del mínimo vital y móvil, congelándolo en 78,000 pesos, en un país donde la canasta básica para una familia de cuatro personas supera ampliamente esa cifra. También eliminó la gratuidad del monotributo social, un aporte crucial para la seguridad social de los trabajadores de la economía popular, y dejó de financiar comedores comunitarios. La pobreza ha subido al 53%, y la indigencia al 18%, con más de un millón de niños y niñas yendo a dormir sin comer,” denunció Gramajo.
El Dr. Diego Morales, del CELS, proporcionó datos técnicos sobre el impacto de la inflación y los recortes presupuestarios, subrayando que la pobreza aumentó un 11% en el primer semestre de 2024 y la indigencia sufrió una caída presupuestaria del 29% en recursos para comedores comunitarios.
Solicitudes Principales:
- Visita inmediata y elaboración de un informe exhaustivo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar los graves impactos sociales y humanos de las políticas regresivas en la economía popular de Argentina.
- Restablecimiento completo de las protecciones sociales esenciales y cumplimiento de las obligaciones internacionales, conforme a la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve la transición a la formalidad y la extensión de la cobertura de seguridad social.
Aunque juegan un rol esencial en la seguridad alimentaria, la falta de recursos estatales ha llevado al cierre de comedores y la precarización de los que aún operan destacó Natalia Zarza, trabajadora sociocomunitaria de UTEP. “Estos espacios brindan alimento a los niños y a las familias del barrio.”
Tania Espinosa, coordinadora para Latinoamérica del Programa de Leyes de WIEGO, destacó la violación de la obligación de no regresividad. Señaló que las medidas de reducción de protección social a la población informal, justificadas por el gobierno en la situación de pobreza y precariedad laboral, son discriminatorias y contrarias a la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo. “La Recomendación 204 de la OIT establece que los Estados deben incluir políticas para facilitar la transición a la formalidad laboral y extender la cobertura de seguridad social. Sin embargo, el Estado argentino ha eliminado o reducido estas políticas, violando la obligación de no regresividad,” señaló Espinosa, enfatizando que los trabajadores de la economía popular necesitan una cobertura de seguridad social ampliada.
Nicolás Rechanik, abogado de UTEP, explicó las acciones legales emprendidas para asegurar el acceso a alimentos almacenados, señalando: “Se cercenaron y eliminaron muchísimos derechos que habíamos conquistado con lucha y organización.”
El Gobierno de Argentina defiende el modelo de inversión social directa, ligada a promover la “autonomía” de la población argentina
El Dr. Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, indicó que la posición de las organizaciones sociales era política y que la postura oficial del gobierno era técnica, Baños destacó que diversos factores macroeconómicos locales, como la inflación y la gestión de la deuda, fueron las razones para modificar las políticas sociales. En sus palabras, el objetivo de la inversión social directa era "promover la autonomía" de las familias argentinas y librarlos de lo que él llamó "los viejos modelos asistencialistas".
Sin embargo, las explicaciones de Baños fueron insuficientes para los comisionados, quienes expresaron una multitud de preguntas e inquietudes sobre los resultados de estas políticas, que permitieran una visión más completa.
La CIDH expresa preocupación y la necesidad de balancear el crecimiento económico con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
El relator de la CIDH para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Javier Palummo, junto con los comisionados Edgar Stuardo y José Luis Caballero, expresaron preocupación ante los datos presentados, que se unen a los testimonios alarmantes de pobreza e indigencia.
Palummo subrayó la obligación del Estado argentino de gestionar políticas económicas con un enfoque de derechos humanos: “Los Estados, en este caso Argentina, tienen el deber de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto implica movilizar el máximo de los recursos disponibles y gestionar las políticas fiscales y económicas con un enfoque de derechos humanos, lo cual es fundamental para fortalecer la democracia. La adecuada gestión de la deuda pública y la cooperación internacional son cruciales para financiar las políticas necesarias. La política monetaria también juega un papel fundamental en configurar el contexto económico en el que se ejercen o se limitan estos derechos, especialmente en tiempos de crisis.” Además, recordó el histórico compromiso de Argentina con los derechos sociales y enfatizó la necesidad de analizar si las decisiones recientes están alineadas con la protección de estos derechos.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, afirmó que “los derechos humanos son políticos y, justamente por eso, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos”, con lo que rebatió las críticas que el Dr. Baños hizo a los planteamientos de Gramajo. Indicó que Argentina tiene “altos niveles de desigualdad heredados, así como dinámicas macroeconómicas difíciles, como la inflación y el endeudamiento. En los años 80 se hablaba de ajustes estructurales, y eso es lo que el gobierno actual está intentando hacer para reconfigurar la economía”.
Clarke además enfatizó en que, aunque la Comisión no puede entrar en detalles específicos sobre estas políticas, hay dudas sobre si el gobierno logrará las aspiraciones del pueblo argentino en materia de DESCA: “¿Cuál es la combinación de políticas que permitiría un crecimiento económico sostenible que garantice al Estado los ingresos necesarios para cumplir con sus obligaciones en materia DESCA, y también para mejorar el empleo formal? Este tipo de empleo se caracteriza por protecciones sociales, acceso a la seguridad social, derechos laborales y entornos de trabajo adecuados. Todo esto forma parte de un marco de políticas macroeconómicas."
El Gobierno argentino y las organizaciones sociales deben responder las preguntas de la CIDH por escrito en un plazo de 30 días, según indicó la presidenta Clarke. Las organizaciones solicitan una intervención urgente y una evaluación integral, advirtiendo que, sin acciones inmediatas, Argentina corre el riesgo de profundizar la crisis humanitaria y de seguir vulnerando los derechos de sus ciudadanos más marginados.