133 años después de la huelga en Chicago por una jornada laboral de 8 horas que diera lugar al Primero de Mayo, dos mil millones de personas trabajadoras continúan siendo excluidas de los reglamentos relativos al horario laboral y remuneración de horas extraordinarias. Aquellas en empleo informal ‒que en la actualidad conforman la mayoría de los empleados en el mundo‒ están reclamando protecciones que limiten el número máximo de horas laborables, así como protecciones que se ocupen del cuidado infantil, y del cuidado y pensiones de las personas mayores.

El Primero de Mayo, o Día Internacional del Trabajo, es el aniversario del 1 de mayo de 1896, día en que huelguistas en Chicago, EUA, murieron mientras reivindicaban la jornada laboral de 8 horas.

En aquel fatídico día, los trabajadores y trabajadoras en Chicago demostraron que el horario laboral es la base no solo de un trabajo decente, sino también de una vida digna. Se dieron cuenta de que el trabajo sin tiempo libre llevaba a la miseria y el aislamiento social.

Desde la huelga de 1896, han continuado las luchas de los trabajadores y trabajadoras asalariadas por la regulación del horario de trabajo. No es casualidad que el primer instrumento internacional adoptado por la Organización Internacional del Trabajo fuera el Convenio sobre las horas de trabajo (industria) en 1919. Posteriormente la OIT ha adoptado muchos convenios que regulan el horario de trabajo –que incluyen los horarios de trabajo, periodos de descanso, trabajo nocturno y vacaciones anuales–.

Siguiendo las directrices de los convenios de la OIT relativas a los horarios de trabajo, casi el 80 por ciento de todos los países tienen ahora leyes que limitan el número máximo de horas de trabajo semanales, incluyendo las horas extraordinarias. El 97 por ciento de los países fijan un periodo mínimo de vacaciones anuales pagadas.

Es bueno celebrar estas victorias. Sin embargo, el problema es que en la práctica, la regulación sobre el horario laboral se aplica a menos de la mitad de todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo.

Dos mil millones de personas se encuentran excluidas de los reglamentos actuales relativos a la jornada laboral.

En la mayoría de los países la regulación sobre el horario de trabajo es aplicada solo a los trabajadores con un empleador regular e identificado.

Si añadimos al total de trabajadores autoempleados aquellos que son empleados informalmente por un empleador del sector formal, vemos que el total constituye el 61 por ciento de todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo. Esto supone una abrumadora cantidad de personas –2 mil millones–, cuyos horarios de trabajo no están regulados de ninguna forma.

Según la tercera edición del reporte de la OIT Mujeres y Hombres en la economía informal: Un panorama estadístico, en África el 86 por ciento de todos los trabajadores tienen un empleo informal, en América el 54 por ciento, en los Estados Árabes el 69 por ciento, en la región Asia-Pacífico el 71 por ciento y en Asia central el 37 por ciento.

Ninguna región en el mundo, y ningún país, ya sean o no desarrollados, escapan al fenómeno del empleo informal. En la mayoría de países estos trabajadores y trabajadoras realizan una contribución significativa al PIB. Por ejemplo, según un estudio de la OIT en 2002, los negocios informales en Ghana contribuyeron al 58 por ciento del PIB, y en Zambia al 24 por ciento.

Sin embargo, esta significativa contribución a las economías nacionales va en detrimento de la salud y bienestar de la mayoría de las personas en empleo informal, que disponen de poco o ningún tiempo para el descanso, el ocio o para socializar, incluyendo con sus familias. 

Las largas jornadas ponen en riesgo la salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras 

En los países en desarrollo donde la protección social en lo que se refiere al cuidado infantil gratuito o subvencionado, cuidado de personas mayores, y pensiones, es limitada o inexistente, las responsabilidades que han de asumir los trabajadores y trabajadoras en empleo informal se ven agravadas.

Los trabajadores en empleo informal se ven forzados a trabajar sin descanso jornadas cada vez más largas para generar los ingresos suficientes con los que cubrir los gastos de cuidados y ahorros para la vejez. No es una “elección propia” trabajar largas jornadas sin descansos ni vacaciones. Para la mayoría resulta inevitable. No es un problema que pueda ser autorregulado. 

Tres pasos para mejorar las condiciones

Entonces, ¿cuál es la solución para resolver el problema de las inhumanas y antisociales jornadas de trabajo de los trabajadores y trabajadoras en empleo informal?

Aquí describimos un triple enfoque, que incluye negociaciones para extender la protección social, la provisión de infraestructuras de apoyo apropiadas, y la introducción de una garantía de remuneración suplementaria por el servicio público que aportan los trabajadores en empleo informal.

Primero, la protección social debería incluir a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su condición de empleo. Los trabajadores autoempleados y los trabajadores empleados informalmente en el sector formal deberían disponer del mismo derecho a pensión y prestaciones que los trabajadores empleados formalmente.

Deberían tener derecho a ingresos cuando caen enfermos o pierden sus medios de sustento por alguna razón. Estas prestaciones deberían de estar disponibles para aquellas personas que tienen responsabilidades parentales o de familia fuera del trabajo ‒incluyendo de maternidad.

Y el acceso a servicios públicos gratuitos de cuidado infantil de calidad, así como cuidados gratuitos a las personas mayores, es crucial si queremos romper el ciclo de las excesivas jornadas de trabajo de los trabajadores en empleo informal.

Segundo, las infraestructuras de las que dependen los trabajadores y trabajadoras autoempleadas o subcontratadas a domicilio (agua, saneamiento, espacio para almacenar, etc.) tiene que ser mejorada de forma que impacte positivamente en su productividad e ingresos. Por ejemplo, si una vendedora ambulante dispone de un sitio seguro para almacenar sus productos por la noche cerca de su lugar de trabajo, pasará menos tiempo transportando esos productos a otro lugar. Si una recicladora tiene acceso a un lugar para clasificar lo que ha recolectado, quizás pueda venderlo directamente a un comprador en vez de tener que pasar por un intermediario.

Tercero, pensamos que cuando los trabajadores y trabajadoras autoempleadas de la economía informal proveen un servicio público, como en el caso de los recicladores, sus ingresos deberían estar suplementados mediante una remuneración que provenga de fondos públicos. Mediante la presión organizada de los trabajadores y trabajadoras, algunas ciudades en India y Colombia ya han mostrado el camino a seguir.

WIEGO trabaja con sus organizaciones miembros para desarrollar demandas y plataformas de negociación para lograr estos objetivos y posibilitar unos medios de sustento dignos (incluyendo la jornada de trabajo social).

En 2019, 133 años después de que la huelga en Chicago por la jornada laboral diera lugar al mundialmente celebrado Día Internacional de los Trabajadores, WIEGO sigue comprometida a luchar por una jornada de trabajo social para todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo, y en especial para el 61 % que han sido en gran parte ignorados hasta ahora. 

Conozca más sobre cómo los trabajadores y trabajadoras en empleo informal están luchando por el cuidado infantil y otras protecciones sociales.

 

Feature photo: María Zalate Deyaya is a food vendor at the Mercado Bolívar in Lima, Peru. She is a member of the National Federation of Market Workers (Federación Nacional de Trabajadores de Mercado, FENATM), and is among the two-billion workers globally organizing for better working conditions for the self-employed.

Credit: Juan Arredondo/Getty Images Reportage