El impulso del Banco Mundial al ahorro individual brinda escasa protección a lxs trabajadorxs afectadxs por la crisis

Tanto los sistemas de ahorro como los de protección social son importantes y, de alguna forma, responden a necesidades similares: nos ayudan a enfrentar un futuro incierto, a estabilizar el consumo durante altibajos financieros y nos permiten invertir en todo tipo de oportunidades.

Sin embargo, es importante insistir en que no son lo mismo y que se rigen por principios muy diferentes. Hacer hincapié en uno sobre el otro tiene consecuencias importantes para la equidad y la seguridad de los ingresos.

En este sentido, un informe recientemente presentado por el Banco Mundial que ofrece una guía sobre cómo expandir La protección social para la economía informal en África y otros lugares, necesita una respuesta.

El informe proporciona una introducción con matices y abundante información sobre el empleo informal en África y perspectivas sumamente relevantes sobre las experiencias de lxs trabajadorxs en empleo informal durante la pandemia de la COVID-19, incluido su (limitado) acceso a la protección social. Lxs autorxs ofrecen una serie de ideas que invitan a la reflexión sobre el papel de la tecnología digital en la protección social –un área cada vez más importante en la que todxs debemos pensar más–. Teniendo en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan lxs trabajadorxs en empleo informal para acceder a la protección social, y el limitado avance obtenido hasta el momento, toda visión innovadora debe ser bienvenida.

Después de capítulos llenos de ideas innovadoras sobre cómo poner en funcionamiento la protección social para lxs trabajadorxs en empleo informal, lxs autorxs arriban a una prescripción en materia de políticas un tanto decepcionante: las cuentas de ahorro individuales voluntarias –una estrategia inadecuada y potencialmente perjudicial–.

Según Nicholas Barr y Peter Diamond, los sistemas de pensiones tienen los siguientes objetivos: la facilitación del consumo, la seguridad, la reducción de la pobreza y la redistribución.

Las cuentas de ahorro individuales en realidad solo cumplen con el primero de estos objetivos. Pueden ayudar a “facilitar el consumo” en períodos con bajos y altos niveles de ingresos al permitir que las personas ahorren dinero en un fondo de emergencia. Con respecto a los otros objetivos, la propuesta del Banco Mundial es insuficiente.

Los esquemas propuestos solo ofrecen una escasa protección contra la pobreza, ya que la mayoría de lxs trabajadorxs en los niveles más altos de pobreza no ganan lo suficiente para ahorrar demasiado incluso durante sus años más productivos. Los esquemas no redistribuyen entre quienes tienen mayores y menores ingresos: lo que se ahorra es lo que se obtiene (más el interés, menos los costos administrativos y la inflación). Puede haber cierta redistribución si los gobiernos brindan subsidios (como sugiere el informe) o igualan los aportes de lxs trabajadorxs, pero deberían ser sustanciales y constantes para marcar la diferencia. De hecho, el informe del Banco Mundial afirma claramente que los esquemas propuestos serán cuestiones estrictamente individuales. Finalmente, estos esquemas por sí solos no garantizarán que las personas no vivan más tiempo que sus ahorros o que sus ahorros no generen rendimientos lo suficientemente altos. Estos riesgos económicos y de “longevidad” recaen exclusivamente sobre los hombros de lxs trabajadorxs individuales.

Por supuesto, no es justo analizar un solo esquema en relación con todos los objetivos de los sistemas de pensiones, que tienden a cumplirse por medio de varios esquemas. El informe también respalda las redes de seguridad específicas para erradicar la pobreza. Sin embargo, sabemos que estas redes suelen ser sumamente excluyentes y, de todos modos, las personas por encima de la línea nacional de pobreza (en Uganda, aquellas que viven con más de 0,88 a 1,04 dólares diarios) no son consideradas. Llamar a alguien que subsiste con menos de un dólar al día “no indigente” es simplemente un error, pero también muestra que el Banco Mundial no parece ver qué función tendría la asistencia directa a la mayoría de lxs trabajadorxs en empleo informal que quizás no son indigentes pero que, no obstante, necesitan apoyo.

Después de las importantes y probablemente duraderas reducciones de los ingresos de lxs trabajadorxs en empleo informal como consecuencia de la COVID-19, ahora es el momento de destacar lo que hace social a la protección social: el reparto de riesgos, la redistribución y las garantías.

Una próxima evaluación de WIEGO sobre un esquema de pensiones para el sector de la economía informal desarrollado por la Unión de asociaciones de trabajadorxs en empleo informal (UNIWA) de Ghana destaca los desafíos a los que se enfrentan lxs trabajadorxs en empleo informal para efectuar suficientes aportes. Los aportes mensuales promedio eran solo de 15 dólares o el 3 por ciento del salario mensual promedio declarado. Con ese porcentaje y la edad promedio de lxs miembrxs (48 años), la media de los ahorros con los intereses y el ajuste por inflación alcanzaría solamente los 2468 dólares a los 60 años. En realidad, esta cantidad probablemente será menor, ya que la mayoría de lxs trabajadorxs tendrá brechas en sus aportes. Tampoco consideran los altos costos administrativos que se imputan durante el período de vigencia del esquema.

Esto no significa que no se puedan aplicar esquemas de ahorros dirigidos por lxs trabajadorxs, sino más bien lanzar la advertencia de que, sin apoyo, es probable que dichos esquemas no sean suficientes. De hecho, la experiencia de WIEGO con la protección social dirigida por trabajadorxs remarca que, aunque estos esquemas pueden “mostrar el camino” para llegar a lxs trabajadorxs en empleo informal y garantizar su inclusión activa, a menudo su alcance, sostenibilidad e impacto se ven limitados por la falta de apoyo gubernamental.

El informe también plantea el interrogante de si el sector de la protección social aprendió de las privatizaciones de las pensiones que se llevaron a cabo con escaso éxito en las últimas décadas. El caso de Chile, el primer país en privatizar su sistema de pensiones, es siempre esclarecedor. Allí, el FMI observó que el sistema enfrenta una “incapacidad para ofrecer resultados adecuados para una gran parte de lxs participantes [que] seguirá en aumento” debido a los cambios demográficos y las bajas tasas de interés.

Como última observación, deben considerarse los altos costos administrativos asociados a los esquemas de cuentas de financiación individual, que disminuirán significativamente los ahorros de lxs trabajadorxs en los niveles más altos de pobreza. Nicholas Barr nos recuerda que, durante toda una trayectoria profesional, autorxs claramente tienen en cuenta, y sugieren varias maneras de controlar estos costos, principalmente mediante el uso de la tecnología. Lo que me sorprende sobre el ejemplo de Ghana mencionado en el informe, es que ninguno de estos costos parece poder reducirse fácilmente mediante la tecnología.

… lxs administradorxs pueden cobrar hasta un 1,33 por ciento de los activos bajo gestión por año, mientras que las entidades gestoras y lxs custodixs de los fondos de pensiones pueden cobrar un 0,56 por ciento y un 0,28 por ciento adicional de los activos bajo gestión, respectivamente. Junto a una tasa regulatoria del 0,33 por ciento, esto crea automáticamente un efecto adverso del 2,5 por ciento que el fondo debe superar todos los años, junto con el impacto de la inflación …

Teniendo en cuenta los pequeños ahorros y el tamaño reducido de los esquemas especiales para lxs trabajadorxs en empleo informal, existe un grave riesgo de que los excesivos costos administrativos consuman partes importantes del salario de lxs trabajadorxs en empleo informal de bajos ingresos, que lxs dejarán con una protección limitada y potencialmente socavarán su confianza en la seguridad social.

Entiendo que los sistemas integrales de protección social se deben construir desde múltiples direcciones y que debemos empezar por algún lado. Sin embargo, creo que es necesario cuestionar si las políticas que en gran medida fracasaron en el pasado se están reintroduciendo so pretexto de ofrecer soluciones pragmáticas para lxs trabajadorxs en empleo informal.

Foto superior: Abena Konadu, una comerciante en el mercado de la estación Tema Lorry en Accra, Ghana, opina sobre el impacto de la crisis de la COVID-19: “mi trabajo ha colapsado prácticamente pero mis hijxs siempre esperan que regrese de trabajar con la esperanza de poder comer”. Créditos: Benjamin Forson