“No le pidan que se calme a unx comerciante con hambre”: Los riesgos de criminalizar a lxs ciudadanxs que crean su propio trabajo

“¿Cómo pretendes que me gane la vida?” Estas fueron las últimas palabras del vendedor ambulante de Túnez Mohamed Bouazizi, quien se prendió fuego porque una autoridad local le confiscó su balanza al rehusarse a pagar un soborno.

Este trágico suceso dio comienzo a las protestas que desataron la Primavera Árabe.

Si los Gobiernos no pueden crear puestos de trabajo y además criminalizan a lxs ciudadanxs que generan su propio trabajo, ponen en riesgo la estabilidad social. En palabras de la presidenta de StreetNet Internacional, Lorraine Sibanda, “no le pidan que se calme a unx comerciante con hambre”.

En África subsahariana, el 77 % de la población ocupada forma parte del empleo informal porque no hay puestos de trabajo. Con la desindustrialización, el auge de la inteligencia artificial y los sectores financieros en crecimiento en los países desarrollados, esta realidad no va a cambiar.

Al no tener posibilidades de conseguir empleo, la ciudadanía crea su propio trabajo. En África subsahariana, el 43 % de lxs trabajadorxs en empleo informal recurren al comercio informal. Como no hay mercados formales, lxs comerciantes organizan mercados informales, pregonan su mercancía y arman sus puestos en el pavimento, en los espacios públicos donde está su clientela.

Sin embargo, los gobiernos se rehúsan sistemáticamente a involucrarse con lxs vendedorxs en empleo informal y a discutir un marco jurídico propicio para reglamentar su uso del espacio público. Solo ven a lxs vendedorxs ambulantes y a otrxs trabajadorxs en empleo informal como una fuente de ingresos. El Gobierno de Kenia, por ejemplo, anunció recientemente que se propone apoyar la presencia de agentes fiscales principalmente para captar a lxs trabajadorxs en empleo informal.

También hay Gobiernos con “programas de renovación urbana” que pisotean la dignidad, los medios de sustento y los derechos de lxs trabajadorxs en situación de pobreza. Bajo el concepto de “desarrollo” y con el objetivo de lograr el estatus de “ciudad de clase mundial”, estas políticas perpetúan el legado colonial.

El espíritu del colonialismo sigue vivo

Lxs señorxs coloniales promulgaban leyes sobre salud, saneamiento, alteración del orden público y vagabundeo para regular quién tenía derecho a usar el espacio público y en qué condiciones. Ese espíritu sigue vivo. Un informe gubernamental reciente en Senegal, por ejemplo, detalla los objetivos de un proyecto de ley, como mantener a lxs “indeseables” lejos de la calle y regular la forma en que comerciantes, estibadorxs, acróbatas ambulantes y cuidadorxs de autos usan el espacio público. Sus actividades son descritas como una “seria amenaza al prestigio del país” y “peligrosamente incompatibles” con las aspiraciones nacionales de convertirse en un destino acogedor para el turismo.

Estas actitudes hacia lxs trabajadorxs en situación de pobreza se perpetúan en programas financiados por el Banco Mundial. En octubre de 2021, el presidente de Ghana, Akufo-Addo, lanzó “Let’s make Accra work again” [Hagamos que Accra vuelva a funcionar], una campaña financiada por el Banco Mundial que obtuvo un gran apoyo público porque convenció a lxs residentes de que Accra sería “la ciudad más limpia de África”. La implementación quedó a cargo del Consejo de Coordinación de la Región Gran Accra (GARCC), compuesto por 29 autoridades locales de dicha región. Cada autoridad local promulgó ordenanzas sanitarias en el boletín oficial que autorizaban el desalojo por la fuerza de miles de vendedorxs ambulantes de sus lugares de trabajo, como consecuencia de sus “actividades insalubres”. Situaciones similares ocurren en otras ciudades de África, como Kampala (Uganda), Dar-Es-Salaam (Tanzania) y Dakar (Senegal).

Esta eliminación de lxs vendedorxs en empleo informal del espacio público es desconcertante dadas sus importantes contribuciones socioeconómicas.

• Generan trabajo para sí mismxs y para guardias de seguridad, estibadorxs y personas que limpian los espacios de venta.
• Durante la pandemia de la COVID-19, dieciocho Gobiernos africanos reconocieron a lxs vendedorxs de alimentos en empleo informal como trabajadorxs esenciales porque son vitales para la seguridad alimentaria nacional.
• Lxs vendedorxs también contribuyen a las arcas municipales: lxs turistas son clientxs de los mercados informales y lxs vendedorxs pagan derechos y cuotas de manera cotidiana y mensual.

Gobernanza inclusiva del espacio público

Los Gobiernos africanos podrían aprender de India, país pionero en cuanto a cómo las autoridades han involucrado a lxs vendedorxs en empleo informal como partes interesadas en el uso del espacio público. La historia empieza cuando lxs vendedorxs ambulantes llevaron ante los tribunales a las autoridades locales de Mumbai por negarles permisos para comerciar, confiscarles sus mercancías, exigirles sobornos y arrestarlxs constantemente.

En una sentencia sin precedentes de 1985, la Corte Suprema de India consideró que el derecho a la vida incluía el derecho a comerciar. Si el Estado no genera empleo, argumentó la Corte, no puede negar a lxs ciudadanxs el derecho a buscar por sí misxms medios de sustento, “de los que depende su propia existencia”.

En un caso subsiguiente, la Corte rechazó los argumentos de las autoridades locales de Delhi, según las cuales el comercio ambulante estorba a lxs peatonxs, favorece el embotellamiento y perjudica la reputación de la ciudad. La Corte les ordenó asignar espacios comerciales a lxs vendedorxs ambulantes y reconoció las contribuciones de estxs últimxs a la economía y a lxs consumidorxs.

Saltemos al año 2014, cuando se aprobó la Ley de vendedores ambulantes, que regula los espacios donde trabajan lxs vendedorxs y establece obligaciones para las autoridades locales, por ejemplo, asignar un espacio público a lxs vendedorxs, crear comités municipales de venta ambulante y elaborar un plan que identifique las zonas de venta. Todas las partes interesadas en el espacio público están representadas en los comités mencionados: asociaciones de vecinxs, departamentos gubernamentales, bancos, asociaciones de mercado y, por supuesto, vendedorxs ambulantes.

El derecho a trabajar

Sin duda, los Gobiernos de África compiten por la inversión extranjera directa y las “ciudades inteligentes” o las “ciudades de clase mundial” forman parte de una agenda mundial de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de estos Gobiernos firmaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: ambos documentos incluyen el “derecho a trabajar”. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, que supervisa la implementación del pacto, estableció que el derecho a trabajar es inherente a toda persona e incluye todas las formas de trabajo, ya sea trabajo independiente o asalariado y remunerado dependiente.

La Comisión Internacional de Juristas presentó un informe al ECOSOC con el que argumentó que, a falta de un empleo asalariado, el derecho a trabajar debe interpretarse incluyendo la obligación gubernamental de crear un marco regulatorio favorable a lxs trabajadorxs en empleo informal, como lxs vendedorxs ambulantes. El Consejo de la ONU estuvo de acuerdo con lo sugerido.

Cómo respetar el derecho a trabajar y atraer inversiones

¿Cómo podrían los Estados africanos conciliar necesidades antagónicas: atraer inversiones y permitir a lxs vendedorxs ambulantes trabajar en espacios públicos? Algunas pistas pueden venir de la Recomendación 204, que acordaron los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

La R204 reconoce el espacio público como un lugar de trabajo. También orienta a vendedorxs ambulantes y autoridades locales para lograr soluciones de manera conjunta mediante negociaciones colectivas. De hecho, la Cámara de Asociaciones en la Economía Informal de Zimbabue y las autoridades locales de más de 21 ciudades y territorios de ese país firmaron memorandos de entendimiento. Estos documentos sientan las bases para que las autoridades locales y lxs vendedorxs ambulantes determinen soluciones conjuntas.

Lxs vendedorxs ambulantes tienen derecho a trabajar y los Gobiernos tienen que proveerles acceso regulado a los espacios públicos. Los Gobiernos africanos que tratan a lxs ciudadanxs que generan su propio trabajo como si fueran insalubres, indeseables y desechables no deben olvidar que la historia ha demostrado que James Baldwin tenía razón al afirmar que “la creación más peligrosa de cualquier sociedad es el hombre sin nada que perder”.

Foto superior: Unx vendedorx ambulante vende su mercancía en Monrovia, Liberia. Foto: M Agyemang