Trabajadorxs del Sureste de Asia en empleo informal: sin recursos, pero con ingenio

Lxs trabajadorxs en empleo informal dominan el mercado laboral en el Sureste de Asia, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Más de la mitad de la población ocupada de la mayoría de los países de la región se gana la vida en el sector informal y la proporción supera 80% en Camboya y Myanmar. Las excepciones son Singapur, Brunei y Malasia, donde predominan lxs trabajadorxs formales. Trabajando como vendedorxs ambulantes, trabajadorxs de la construcción y la agricultura, recicladorxs, trabajadorxs en domicilio, trabajadoras del hogar, conductorxs y, cada vez más, trabajadorxs de la economía de plataformas, la “gig economy”, su contribución a las economías nacionales es crucial. Sin embargo, los gobiernos de la región apenas reconocen su valor, como pone de manifiesto la escasa atención que les prestaron en las respuestas de sus países frente a la COVID-19.

Una revisión de los estudios realizados para el Proyecto Khon Thai 4.0 –parte del proyecto de ciudad inteligente del gobierno tailandés que tomó las enseñanzas de otros países de la región– encontró que los gobiernos del Sureste de Asia optaron por un enfoque a corto plazo dirigido a abordar únicamente los impactos socioeconómicos más inmediatos de la pandemia. Su respuesta ha consistido en paquetes de estímulo para sostener la economía y, en menor grado, en medidas de protección social para proteger de alguna manera a lxs más afectadxs. Para acelerar su implementación, estas medidas han utilizado y aprovechado los sistemas preexistentes, generalmente dominados por esquemas de seguridad social como pensiones, fondos de seguridad social, beneficios de desempleo y seguros de salud que favorecen a lxs empleadxs asalariadxs del sector formal. Mientras tanto, los esquemas de asistencia social para las personas en situación de pobreza, como la asistencia social, las transferencias en efectivo o en especie y la asistencia sanitaria y por discapacidad, han demostrado ser insuficientes como solución temporal ante la prolongación de la pandemia, especialmente en aquellos países que cuentan con escasos recursos o que dependen del apoyo de los donantes para los esfuerzos de auxilio.

Lxs trabajadorxs en empleo informal sin un contrato seguro son “invisibles” en los sistemas gubernamentales: carecen de reconocimiento legal y no son elegibles para inscribirse en los esquemas oficiales. Además, tienden a quedar al margen, ya que no están cubiertxs por los esquemas de seguridad social, pero tampoco se les considera “lo suficientemente pobres” como para tener derecho a la asistencia social. La demorada respuesta del gobierno, a menudo en forma de asistencia social por transferencia de efectivo, ha estado plagada de censos poco confiables, reglas burocráticas, falta de comunicación y, en algunos casos, corrupción. Las quejas se han extendido entre lxs beneficiarixs elegibles que no pudieron recibir su derecho, mientras que lxs que sí lo hicieron se sintieron decepcionadxs por la insuficiencia de la ayuda.

Al verse impedidxs de trabajar, debido a las medidas de contención o a la disminución de oportunidades, lxs trabajadorxs en empleo informal de toda la región –muchxs de ellxs mujeres– perdieron sus medios de subsistencia sin recibir ninguna compensación de ingresos ni apoyo de la seguridad social. En cuanto a quienes pudieron trabajar en horarios reducidos cuando las normas de contención lo permitían, sus ingresos ya no fueron suficientes para comprar alimentos y satisfacer las necesidades sanitarias de sus familias. Aunque se les reconocía como “trabajadorxs esenciales”, como lxs repartidorxs en la floreciente economía de plataformas, existe un vacío en el apoyo. Obligadxs a valerse por sí mismxs, lxs trabajadorxs en empleo informal siguen corriendo un alto riesgo de infectarse y de caer en un mayor endeudamiento y pobreza. En Camboya, una encuesta realizada por el PNUD a finales de 2020 reveló que el pesimismo y la angustia eran moneda corriente entre lxs trabajadorxs en empleo informal; también hizo eco de sentimientos similares en los países vecinos.

A pesar de la abrumadora retórica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de “no dejar a nadie atrás”, la pandemia está demostrando que los sistemas de protección social en el Sureste de Asia no están adaptados a las necesidades de lxs trabajadorxs en empleo informal y otros grupos vulnerables. Cuando queda claro que la COVID-19 durará más de lo previsto, es imperativo proteger mejor a una porción tan amplia de la población ocupada. Aunque los gobiernos continúan desestimando la difícil situación de lxs trabajadorxs en empleo informal, mientras se preocupan por la alteración de los fundamentos macroeconómicos y la reducción de los presupuestos del Estado, lxs trabajadorxs no se quedan de brazos cruzados.

En toda la región, lxs trabajadorxs informales se organizan y toman medidas para apoyarse mutuamente durante la crisis, al tiempo que trabajan para garantizar un futuro más justo y protegido. Sus esfuerzos de asistencia mutua y su sentido del voluntariado han ayudado a otrxs trabajadorxs en empleo informal a hacer frente a la infección y a las muertes por COVID-19 y a tener acceso a las vacunas. Para visibilizar su difícil situación, lxs trabajadorxs de las industrias creativas de Singapur, Malasia y otros países han puesto en marcha la campaña “I Lost My Gig” (Perdí mi empleo) para recopilar públicamente datos sobre la pérdida de empleo y de ingresos y para proveer de recursos la ayuda financiera. Las cooperativas de trabajadorxs en empleo informal de Tangerang [colindante con Yakarta], en Bantén, Indonesia, ayudaron a sus miembros a superar las barreras burocráticas para solicitar ayuda del gobierno; abogaron en los ministerios pertinentes para que se distribuyeran máscaras y equipamiento de protección individual; y obtuvieron préstamos y condonaciones de deuda para los miembros que habían perdido ingresos. En Tailandia, las redes de grupos de trabajadorxs en empleo informal unieron fuerzas para recaudar fondos y apoyar a sus miembros: produjeron un vídeo para ayudarlxs a navegar en internet y comprender el proceso para acceder a la ayuda del gobierno; y abogaron para que el ministerio del Trabajo adoptara medidas más generosas. La Asociación para la Democracia Independiente de la Economía Informal (IDEA, sigla en inglés) –un grupo de conductorxs de tuk-tuk [triciclos motorizados], taxis y moto taxis, vendedorxs ambulantes y trabajadorxs de pequeños restaurantes de Camboya creado en 2005 para promover y proteger los derechos de los trabajadorxs en empleo informal– divulga las dificultades que sus miembros experimentan como resultado directo de la pandemia y reclama el acceso a los mismos beneficios concedidos a lxs trabajadorxs asalariadxs.

Para garantizar que lxs trabajadorxs en empleo informal sean protegidxs, sus organizaciones utilizan su experiencia con la COVID-19 para abogar por reformas legales e institucionales que garanticen dicha protección. Argumentan que los gobiernos deben por fin reconocer la existencia, la magnitud, la relevancia y la permanencia de lxs trabajadorxs en empleo informal y reformar los sistemas regulatorios existentes para poder integrarlxs plenamente y atender sus necesidades. El objetivo estrecho de trasladar a dichxs trabajadorxs a un empleo regular, formal no refleja la dinámica del mercado laboral de la región. HomeNet del Sureste de Asia, una red regional de organizaciones de trabajadorxs en empleo informal, examina las prestaciones de protección social para este grupo de trabajadorxs en el ámbito nacional, comparándolas con las que reciben asalariadxs y las personas en situación de pobreza. A partir de los datos resultantes, formula una agenda común para abogar por la universalidad de la cobertura sanitaria y de la seguridad social, así como por la inclusión de sus miembros en el desarrollo de competencias y otros planes gubernamentales en toda la región. Con esta y otras iniciativas, lxs trabajadorxs en empleo informal traducen su activismo, nacido de la miseria, en una búsqueda ingeniosa de un nuevo contrato social que asegure la protección y el empleo digno para todxs.

* La Dra. Rosalia Sciortino fue contratada por el Programa de Protección Social de WIEGO para escribir este artículo –como parte del trabajo de WIEGO sobre la cobertura sanitaria universal en la región del Sureste de Asia– publicado originalmente en el Jakarta Post.  La Dra. Sciortino es profesora asociada del Instituto de Investigación Social y Poblacional de la Universidad de Mahidol y fundadora y directora de SEA Junction, un espacio público para la interacción y el aprendizaje transversal sobre el Sureste de Asia. Las opiniones expresadas aquí son las de la autora.

Pie de foto: Un conductor de mototaxi espera a su clientela en Bangkok. Foto: Pattarapon Virat