WIEGO documenta las innovaciones recientes y las buenas prácticas para demostrar qué está dando resultado y qué pueden aprender otras personas de estas experiencias.
Innovaciones recientes
Buenas prácticasEn todo el mundo, las personas trabajadoras y las personas funcionarias del Gobierno están trabajando juntas para implementar leyes, políticas y prácticas que protejan los derechos y mejoren las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras en empleo informal.
África
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Antes de la revisión de las políticas sobre desarrollo y cuidado de la primera infancia (ECCD), una evaluación reveló una preferencia hacia la provisión de servicios en el sector formal y una atención inadecuada a las necesidades de las cuidadoras y de las personas con recursos limitados. Dado que más del 91 % de las trabajadoras en Ghana están en empleo informal, esto representaba un importante vacío en términos de políticas. Como un aporte a la revisión de las políticas sobre ECCD, un grupo de referencia, integrado por personas con infancia en los centros de cuidado infantil en los mercados, representantes de organizaciones de comercio informal, personas trabajadoras en centros de cuidado infantil, personas funcionarias de Gobierno y personas expertas en ECCD, preparó de manera conjunta lineamientos y estándares para centros de cuidado infantil en y cerca de los mercados. Los lineamientos incluyen una orientación sobre estructuras de gobernanza, financiación, consideraciones de construcción y procedimientos administrativos para los centros de cuidado infantil en los mercados. Con la venta ambulante y el comercio de mercado como la principal fuente de empleo para las mujeres en muchos países, estos lineamientos pueden servir como modelo.
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La experiencia de la cooperativa KAMBE-SACCO pone de relieve la importancia del ahorro como una red de seguridad para las personas trabajadoras en empleo informal en tiempos de emergencia. Sin ningún otro apoyo disponible durante el aislamiento por la COVID-19 en Uganda, cuando las personas que manejan boda-bodas no podían salir y ganarse sus medios de subsistencia, dos tercios de la membresía de KAMBE-SACCO retiró sus ahorros de la cooperativa para cubrir gastos básicos para alimentar a sus familias.
Fuera de los tiempos de pandemia, el atractivo y la versatilidad de KAMBE-SACCO reside en los múltiples servicios de préstamo que ofrece: cubre tanto los servicios relativos a los negocios e ingresos (préstamos para motos) como los relativos a los hogares (préstamos para terrenos, tasas escolares y electrodomésticos). Este enfoque podría orientarse hacia la protección social, incluido el seguro de salud.
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La Cámara de Asociaciones de la Economía Informal de Zimbabue (ZCIEA) hizo uso de la Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la formal para negociar con autoridades locales y, con el tiempo, firmaron 19 memorandos de entendimiento en diferentes municipios del país. Si bien los memorandos son no vinculantes, demuestran las creativas estrategias que tienen las personas vendedoras ambulantes para establecer relaciones colectivas con las autoridades locales. En algunos casos, mejoraron la participación de la ZCIEA en los concejos municipales, las consultas sobre problemas que afectan a las personas vendedoras y el reconocimiento de la ZCIEA como representante legítima de sus preocupaciones.
Asia y el Pacífico
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El Parlamento de India aprobó la Ley de Protección de los Medios de Subsistencia y Regulación de la Venta Ambulante en 2014. India fue el primer país en aprobar legislación progresista y centralizada sobre la venta ambulante. La Ley reconoce el papel positivo de las personas vendedoras en las ciudades, identifica la necesidad de proteger sus derechos y medios de subsistencia y detalla un marco innovador y participativo para la planificación y la gestión de la venta mediante comités de venta ambulante de la ciudad. También estipula que al menos el 40 % de las personas representantes del comité sean personas vendedoras ambulantes.
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El artículo 40 del Fondo del Seguro Social de Tailandia permite a las personas trabajadoras independientes hacer aportes voluntarios a la seguridad social y, dependiendo del nivel de su aporte, acceder a una compensación por la falta de ingresos por accidente, enfermedad o discapacidad, a un subsidio funerario, a una prestación de vejez en un pago único y a una asignación mensual por infancia a cargo. A pesar de que no todas las personas trabajadoras consideran que el esquema sea accesible o adecuado en términos de prestaciones, la inscripción en virtud del artículo 40 se triplicó entre 2012 y 2020, y las personas participantes entrevistadas en 2023 sostuvieron que la compensación por pérdida de ingresos cuando a causa de enfermedad o lesiones, así como la seguridad de los ingresos en la vejez, las motivó para afiliarse. Como resultado del persistente trabajo de incidencia de las OBM tailandesas, el Gobierno de Tailandia iguala los aportes de las personas trabajadoras en un 50 %, y eso ayuda a mejorar los ahorros de las personas trabajadoras en el esquema y también las incentiva a hacer aportes periódicos.
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Miles de personas trabajadoras de la provincia de Sindh (Pakistán) lograron una victoria histórica en 2018 cuando la Asamblea Provincial aprobó la Ley de las Personas Trabajadoras en Domicilio, la primera legislación de Asia del Sur exclusivamente para este grupo ocupacional. Fue el resultado de más de dos décadas de trabajo de la Federación de Trabajadoras en Domicilio. La ley protege los derechos de aproximadamente 5 millones de personas trabajadoras en domicilio en Sindh a sindicalizarse y negociar colectivamente, a la protección social y a acceder a mecanismos de resolución de conflictos.
América Latina
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Brasil cuenta con varios instrumentos jurídicos que promueven la inclusión social de las 281 000 personas recicladoras que se estima que hay en el país. El decreto presidencial 5940/06 se redactó junto a representantes de las personas recicladoras y garantiza a las organizaciones del sector el acceso a los residuos generados en los edificios federales. El decreto exige que los edificios federales públicos de Brasil establezcan una “recolección selectiva solidaria”, mediante la cual sus residuos se destinan a cooperativas y asociaciones de personas recicladoras y les garantizan, de esa manera, el acceso a los residuos.
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El Foro Municipal sobre Residuos y Ciudadanía de Belo Horizonte (Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Belo Horizonte o FMLC BH) se creó en 2003 como plataforma pública participativa para discutir la gestión de los residuos sólidos. El FMLC está integrado por organizaciones y cooperativas de personas recicladoras, entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Elaboró lineamientos para integrar a las personas recicladoras en el sistema de reciclaje de la ciudad y ayudó a facilitar apoyo técnico y financiero a las organizaciones del sector para capacitaciones, herramientas e infraestructura. En 2023, el foro firmó una carta de compromiso con WIEGO para trabajar en los conflictos ocasionados por el cambio climático. Desde entonces, se ha establecido un grupo de trabajo sobre el cambio climático que ha supervisado los esfuerzos de la municipalidad y de otros actores para mapear la vulnerabilidad climática, calculando la contribución de las personas recicladoras a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero e involucrándose en los esfuerzos nacionales por desarrollar un plan de mitigación y adaptación climática.
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Uno de los avances clave en la gestión de residuos sólidos de Brasil que tiene un impacto en las personas recicladoras fue la aprobación, en 2010, de la ley 12305 que instauró la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS en portugués). Esta ley representó una victoria para el sector de saneamiento y para las personas recicladoras en muchos sentidos. La PNRS reconoce el papel de las personas recicladoras en la gestión de residuos sólidos y delinea el concepto de “responsabilidad compartida” respecto de la recolección y eliminación de los residuos sólidos generados por los sectores industrial y comercial. También tiene una disposición sobre la responsabilidad extendida del productor, conocido a nivel local como el “sistema de logística inversa”. Esta disposición no solo reconoce el papel de las cooperativas de este grupo ocupacional, sino que también establece que las corporaciones, principalmente las empresas de empaquetado deben integrar cooperativas en su sistema de logística inversa.
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Luego de años de incidencia por parte de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) y la Asociación Nacional de Recicladores (ANR), la Corte Constitucional de Colombia publicó una serie de resoluciones que establecen que este grupo ocupacional de Bogotá debe estar incluido en la planificación municipal de saneamiento. Estas resoluciones establecen el reconocimiento de las personas recicladoras, su papel en la cadena de valor de reciclaje y su estatus como proveedoras de servicio. El reconocimiento ha dado a las organizaciones del sector el derecho a ser remuneradas por el material que recuperan, recogen y transportan, además de los ingresos obtenidos por la venta de materiales reciclables. A pesar de que ha habido desafíos y aciertos en la implementación, en el año 2019 había 94 municipios en Colombia con al menos una organización de personas recicladoras prestando el servicio público de reciclaje.
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El esquema del monotributo de Uruguay presenta un ejemplo innovador de un enfoque para extender la protección social básica a las personas trabajadoras independientes de bajos ingresos. El esquema crea un régimen simplificado y subsidiado de contribuciones fiscales y sociales, que les permite el acceso a la jubilación, a seguros de maternidad y enfermedad y, por una prima, a la atención sanitaria. El monotributo se implementó en 2001 y se expandió mediante el monotributo social en 2011, que redujo aún más los aportes para las personas trabajadoras de bajos ingresos. Se estima que el esquema llega a un 40 % de este sector y es considerado un factor contribuyente a la reducción del empleo informal en Uruguay de un 43 % del empleo total en 2001 a un 21,5 % en 2022. Un estudio de 2024 demostró que quienes se registraban apreciaban tanto las prestaciones de protección social, como el mejor acceso a los mercados y la “tranquilidad” frente a las inspecciones.
Australia
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Las personas contratistas dependientes en domicilio, también conocidas como personas trabajadoras en domicilio subcontratadas, de la industria textil, de la confección y del calzado de Australia son una población ocupada, integrada en su mayoría por mujeres migrantes, que opera al final de complejas cadenas de suministro con escasas protecciones. Luego de décadas de campaña, Australia atravesó un proceso de reforma legislativa que culminó con la Reforma de la Ley del Trabajo Justo (para la industria textil, de la confección y del calzado) en 2012. La ley brinda una arquitectura legislativa muy sólida para la sindicación del sector. Considera así que las personas contratistas dependientes en domicilio son asalariadas, obliga a las empresas a dar información y expande el derecho de entrada de los sindicatos a los lugares de trabajo.
