Programa de Derecho

Actividades del Programa Fortalecer el poder institucional de las personas trabajadoras en empleo informal

• Ampliar el alcance de la ley del trabajo

  El derecho laboral reconoce la desigualdad en el poder de negociación entre el trabajo y el capital. En consecuencia, extiende protecciones a las personas trabajadoras para contrarrestar el poder del capital. Esto incluye el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva, lo que les permite a las personas trabajadoras negociar mejores condiciones de trabajo, salarios más altos y protección social.

  Muchas de estas personas trabajadoras quedan excluidas de las protecciones del derecho laboral porque su alcance se limita a una relación de empleo asalariado. Hay numerosas leyes internacionales que reconocen la necesidad de extender los derechos laborales a las personas trabajadoras en empleo informal. Pero muchos países no logran traducir estos derechos en legislación nacional.

  El Programa de Derecho de WIEGO apoya a las personas trabajadoras para que utilicen instrumentos internacionales en el trabajo de incidencia legal para fortalecer la protección de sus derechos laborales.  Los proyectos incluyen llevar a la práctica el Convenio 189 para las trabajadoras del hogar y una capacitación para el empoderamiento jurídico de las trabajadoras del hogar. Incluso hacemos partícipes a personas académicas y profesionales del derecho laboral ―de sindicatos, la OIT y otras instituciones― de la necesidad de fortalecer la protección y los subsidios para las personas trabajadoras en empleo informal.

• Proteger los derechos humanos en el empleo informal

  Los derechos humanos, que incluyen el derecho a trabajar y los derechos en el trabajo, son reclamos morales que tienen mucho peso y que los gobiernos se han comprometido a garantizar de manera vinculante. Para las personas trabajadoras que dependen de espacios y recursos públicos, poner el foco en el Estado como principal portador de las obligaciones relativas a los derechos humanos puede fortalecer sus demandas de cara a las autoridades locales que controlan los términos y condiciones de su trabajo.

  Por esta razón, el trabajo de incidencia con las instituciones regionales e internacionales de derechos humanos es una parte fundamental de la estrategia del Programa de Derecho. Por ejemplo, desde 2017 nuestro proyecto Protegiendo los derechos humanos de las personas recicladoras en América Latina ha buscado mejorar las condiciones para este grupo ocupacional mediante el trabajo de incidencia legal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documentar las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas recicladoras ―como su derecho a trabajar y a la vida― llevó a la relatoría de la Comisión sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a abogar por los derechos laborales de las personas trabajadoras en empleo informal en la región.

  Waste Pickers and Human Rights

• Rediseñar las leyes de gobernanza urbana

  Los medios de subsistencia de muchas personas trabajadoras en empleo informal se definen por reglamentaciones, normas y ordenanzas que les da a las autoridades locales el poder de regular el acceso a los espacios y recursos públicos de los que depende su trabajo.

  Los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras suelen surgir de cómo ese poder se designa, se interpreta y se lleva a la práctica. Los principios de justicia administrativa regulan las acciones de las personas funcionarias de gobierno, deben ser lícitas, razonables y procesalmente justas. Esto hace que la justicia administrativa sea una herramienta de la que se pueden valer las personas trabajadoras para impugnar acciones que les impidan trabajar y para impulsar que se tomen decisiones más inclusivas que, a la larga, modifiquen las leyes.

  El Programa de Derecho busca comprender el impacto que tiene la legislación sobre los medios de subsistencia en espacios urbanos para poder reconfigurar las relaciones de gobernanza urbana y seguir promoviendo los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras en empleo informal. Algunos de los proyectos son Organizarse mediante la justicia administrativa y la R204 y el libro editado Mapeando las legalidades: urbanización, derecho y empleo informal.

• Hacer efectivos los derechos de las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas

  Las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas producen bienes y servicios que son esenciales para la producción textil nacional y mundial. Pero las largas y complejas cadenas de suministro hacen que sea un desafío regular la subcontratación. Estos arreglos no respetan los supuestos tradicionales de la ley del trabajo sobre cómo y dónde se emprende el trabajo. Para garantizar a este grupo ocupacional términos y condiciones decentes, se necesita protección legal específica para el sector.

  El Programa de Derecho apoya a HomeNet Internacional y a su membresía con investigación, soporte técnico y desarrollo de capacidades respecto a los diferentes modelos para proteger a las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas tanto con instrumentos de legislación nacional como internacional. Esto contribuye a la campaña para la ratificación e implementación del Convenio 177 de la OIT. Además, fortalecimos la alianza con redes internacionales en el sector textil para construir solidaridad entre las personas trabajadoras en la cadena de suministro. Los proyectos incluyen trabajo colectivo de incidencia respecto a la Directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, y el apoyo a la Asociación de Personas Trabajadoras en Domicilio Subcontratadas de Bulgaria para enviar informes a la OIT.