En las constituciones nacionales y en los tratados internacionales, los países se han comprometido a garantizar los derechos humanos, que incluyen los derechos a trabajar y en el trabajo. Pero todavía falta establecer lineamientos sobre las acciones que tienen que llevar adelante los Gobiernos, y las normas que tienen que cumplir para garantizar esos derechos a las personas trabajadoras en empleo informal.
Nuestro trabajo de incidencia con los mecanismos nacionales, regionales e internacionales encargados de proteger y promover los derechos humanos está buscando cambiar esa realidad. América Latina ha sido un foco fundamental para este trabajo. Desde el año 2017, hemos buscado mejoras para las personas recicladoras mediante el trabajo de incidencia junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También contribuimos con las iniciativas que llevan a cabo nuestros socios para pedir cuentas a los Gobiernos y a otros actores poderosos por la violación de los derechos de las personas trabajadoras en empleo informal.