La pandemia de la COVID-19 subraya, ahora más que nunca, que la justicia social y la recuperación económica no se lograrán hasta que todas las personas trabajadoras tengan condiciones de trabajo dignas y se comprendan y reconozcan las contribuciones que hacen a la sociedad. Las personas que trabajan en la economía informal están en primera línea: las trabajadoras del hogar prestan cuidados, las trabajadoras en domicilio fabrican equipamientos de protección individual, las vendedoras ambulantes y comerciantes de mercado venden alimentos y artículos de primera necesidad, y las recicladoras mantienen limpias las ciudades
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Las mujeres trabajadoras de la economía informal también están asumiendo más tareas de cuidados no remuneradas debido al cierre de las escuelas. Las personas que trabajan en la economía informal, incluidas aquellas que se encuentran en empleo informal debido al incumplimiento de sus empleadoras y empleadores, están haciendo frente a esta pandemia con poco o ningún apoyo. Sin embargo, todas las mujeres y hombres de la economía informal –ya sean personas subcontratadas, empleadas en una empresa, en un hogar o autónomas– contribuyen generando demanda en toda la economía y aportando ingresos a sus hogares y comunidades.
Las personas trabajadoras de la economía informal también contribuyen a través de los impuestos, las tasas y las licencias de explotación necesarias para llevar a cabo su actividad económica; sin embargo, la mayoría no tiene acceso a servicios públicos de calidad ni se beneficia de ninguna forma de protección social a cambio. Las medidas de austeridad impuestas por el FMI y los gobiernos socavarán el potencial de recuperación económica y harán recaer aún más los costos sobre las personas trabajadoras en situación de pobreza.