Un líder de vendedorxs ambulantes en Guyarat, India, declaró que, durante la pandemia, él y otrxs trabajadorxs en empleo informal sufrieron el desprecio de lxs residentes de la ciudad. “Nos miraban con odio, no dejaban que nos acercáramos. Decían que propagábamos el coronavirus”, compartió. En Malasia, por temor a que lxs vendedorxs ambulantes migrantes transmitieran el virus, el Gobierno prohibió a lxs vendedorxs mayoristas emplear asistentes del extranjero.
Y, mientras luchaban contra este estigma, lxs vendedorxs ambulantes y de mercado a quienes se les permitió trabajar durante la pandemia tuvieron que asumir costos adicionales de salud y seguridad laboral.
El análisis de WIEGO de las implicaciones de las leyes de COVID-19 para lxs vendedorxs ambulantes en India, Malasia, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam muestra que las leyes y los reglamentos para la salud y seguridad laboral de lxs trabajadorxs se limitaban principalmente a los lugares de trabajo formal. De esa manera, lxs vendedorxs ambulantes dependían, en gran medida, de sus propios recursos para acceder a las pruebas de detección de coronavirus, desinfectarse e implementar protocolos de seguridad.
Incluso antes de la pandemia, ni lxs trabajadorxs en empleo informal ni lxs vendedorxs ambulantes estaban incluidxs en las leyes de salud y seguridad laboral a nivel nacional, al contrario de lo que establece la ley internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas garantizan un entorno de trabajo seguro para “todas las personas”, lo que abarca a todxs lxs trabajadorxs, sin ninguna distinción. Además, el Programa de Trabajo Decente de la OIT hace hincapié en la protección de los derechos en el trabajo, incluidas la salud y la seguridad laboral, para todxs lxs trabajadorxs, “estén organizadxs o no, y ya sea que el trabajo tenga lugar en la economía formal o informal, en el hogar, en la comunidad o sea voluntario”.
Lxs trabajadorxs en empleo informal asumen los costos de la salud y la seguridad
Lxs vendedorxs ambulantes que trabajan en espacios públicos controlados por las autoridades locales enfrentan, de manera rutinaria, amenazas para la salud en el trabajo debido a la contaminación del aire, largos períodos de esfuerzo físico, acceso limitado o nulo a instalaciones sanitarias y al agua, y exposición a inclemencias climáticas. Estos aspectos se ven exacerbados por el hecho de que las leyes de salud y seguridad en el trabajo no reconocen sus necesidades ni se adaptan a ellas, lo que les impide a lxs vendedorxs ambulantes apoyarse en estas leyes para exigir infraestructura y servicios que promuevan su salud y seguridad en el trabajo, como acceso a agua potable, baños, electricidad, instalaciones sanitarias, recolección de residuos, refugios y evaluaciones sanitarias. Como resultado, estas personas y sus familias deben afrontar los costos de mantener un lugar de trabajo saludable y seguro y de recibir atención médica.
Con la pandemia, los Gobiernos promulgaron leyes y políticas para ayudar a mitigar los nuevos riesgos laborales. Se establecieron mandatos y pautas de comportamiento y se asignaron fondos para la protección de la salud y la seguridad. Nuestro análisis regional muestra que, si bien algunas de las leyes estaban orientadas a lxs vendedorxs ambulantes, o lxs incluyeron, ellxs no tenían derecho a la misma protección garantizada a lxs trabajadorxs en empleo formal. Con esto se muestra que, incluso cuando había disposiciones específicas para lxs vendedorxs ambulantes, en gran medida se trataba de instrumentos no vinculantes, como recomendaciones. Tailandia fue la excepción, ya que tiene una legislación vinculante que regula la salud y la seguridad de lxs trabajadorxs.
En varios países, lxs vendedorxs ambulantes estaban sujetxs a disposiciones que exigían el uso de mascarillas, higiene de manos y distanciamiento social en los lugares de trabajo, espacios públicos o mercados. Sin embargo, las disposiciones que asignaban la responsabilidad por los costos asociados presuponían una relación laboral en un lugar de trabajo formal, como una fábrica o un taller. En reconocimiento de la difícil situación de sus miembros, las organizaciones que nuclean a vendedorxs ambulantes en India y Tailandia proporcionaron a sus miembros mascarillas y desinfectantes para manos. Identificamos algunos casos en los que los Gobiernos asumieron los costos. En Delhi, las regulaciones requerían que la Corporación Municipal desinfectara con regularidad los espacios de venta de artículos esenciales como productos agrícolas, pero esto solo se aplicaba a las áreas donde la cantidad de casos de COVID-19 era alta. En Malasia, si bien las autoridades locales desinfectaban los mercados y las áreas comerciales, las leyes de COVID-19 no lo exigían de manera expresa y, por lo tanto, lxs vendedorxs ambulantes no podían reclamarlo como un derecho.
La responsabilidad de los Gobiernos por la salud y seguridad de lxs vendedorxs en empleo informal
Las pruebas de COVID-19 fueron un área en la que algunos Gobiernos asumieron el costo financiero de las medidas preventivas. En Filipinas, lxs vendedorxs del mercado fueron reconocidxs como trabajadorxs con prioridad y eran elegibles para realizarse pruebas trimestrales. En Malasia, las autoridades apuntaron a algunos mercados para realizar las pruebas. Sin embargo, someter a pruebas a determinados grupos fue un arma de doble filo ya que, en algunos casos, lxs vendedorxs sintieron que esta decisión se debía a prejuicios. En Sri Lanka, unx vendedorx declaró: “La policía realiza pruebas al azar como si fuéramos el único grupo vulnerable”.
La crisis de la COVID-19 dejó al descubierto las desigualdades estructurales provocadas por la falta de reconocimiento de lxs vendedorxs en empleo informal como personas con derechos y protección laborales. Los análisis de WIEGO sobre las leyes pandémicas que regularon el trabajo informal en África y América Latina permiten ver esto con mayor claridad.
Sin embargo, algunos ejemplos de ciudades y países podrían servir como lecciones para otros. Namibia, por ejemplo, adoptó leyes que imponían a las autoridades locales el deber de proporcionar agua, instalaciones sanitarias y retretes. En América Latina, Bolivia asignó a las autoridades locales la responsabilidad de desinfectar los mercados públicos. Alguien podría preguntarse si las autoridades locales pueden asumir la responsabilidad financiera que conllevan estas obligaciones. Nuestra contrapregunta es ¿cómo es posible que las autoridades locales no puedan invertir en medidas que podrían aumentar la productividad de quienes trabajan para contribuir de manera significativa en el desarrollo económico local? Lxs vendedorxs ambulantes pagan varios impuestos, gravámenes y tasas; aportan diversidad y dinamismo a las economías locales; y, quienes venden productos alimenticios, promueven la seguridad alimentaria al brindar opciones minoristas accesibles. Además, crean puestos de trabajo, incluso para quienes prestan servicios auxiliares como la seguridad y el transporte.
Los derechos de “todas las personas” o de “todxs lxs trabajadorxs” establecidos en el derecho internacional deben ser la base para construir ciudades más inclusivas. Poder brindar salud y seguridad en los espacios públicos de trabajo requerirá la existencia y el mantenimiento de infraestructura física y de otros aspectos. Lxs vendedorxs ambulantes y de mercado necesitan contar con una legislación que les permita exigirles a los gobiernos esta infraestructura y un entorno de trabajo seguro. La implementación de estos derechos debe incluir las voces de quienes trabajan en cada paso, atendiendo el llamado de las organizaciones de trabajadorxs en empleo informal como StreetNet Internacional: ¡Nada para nosotrxs sin nosotrxs!